Que cierre el último

No ha hecho falta Ley Sinde, ni ley SOPA, para que la ‘piratería’ reciba el primer mazazo.
Este jueves, el mayor almacen de contenido protegido por derechos de autor cerraba por orden y mando de las autoridades norteamericanas. Los correos electrónicos interceptados por el FBI demuestran que los responsables de Megaupload, con el excéntrico multimillonario Kim ’Dotcom’ a la cabeza, sabían lo que todos sabíamos, que en sus servidores alojaban contenido protegido y que, además, utilizaban trucos para evitar retirarlo. Ahora se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel por, como ellos mismos admiten, “proveer el barco a los piratas”.

Pero esta detención ha tenido también ‘daños colaterales’. Megaupload era además un servicio que muchos usaban como disco duro virtual para su material personal y de trabajo. Millones de usuarios de todo el mundo han visto como sus contenidos privados han sido secuestrados por el FBI. Dos millones y medio de españoles no tienen acceso a un servicio que, hasta el jueves, era legal y por el que muchos de ellos habían pagado.

Esta acción del Departamento de Justicia de EE. UU. es probablemente solo el principio de una gigantesca cruzada contra la piratería. Proyectos de ley como SOPA están diseñados para obtener órdenes judiciales contra aquellas páginas o servicios que permitan o faciliten el supuesto infringimiento de los derechos de autor, imponiendo penas de hasta cinco años por cada diez canciones o películas descargadas. La presión de los gigantes de internet como Google o Wikipedia han conseguido, por el momento, paralizarla.

Lo cierto es que la industria del ocio y la cultura sigue tratando de poner puertas al campo. Desde que internet acabó con su modelo de negocio basado en las copias físicas y la economía de la escasez, no han sabido reinventarse. Mientras, otros han aprovechado de su lentitud y falta de visión para enriquecerse ilícitamente con la distribución de obras protegidas.

El juego del gato y el ratón continúa. En 2002 cerraron Napster. Pero los usuarios siguieron ‘compartiendo’ contenidos a través de internet. Diez años después, cierran Megaupload y les acusan de ‘robarles’ 500 millones de dólares.

En realidad, lo que estos ‘piratas’ del siglo XXI han demostrado es que hay millones de usuarios en todo el mundo ávidos de consumir cultura y dispuestos a pagar por ella. Crearon un modelo de negocio fuera de la ley que destronó al mismísimo ‘eMule’, basado en la gratuidad de algunos contenidos, la publicidad y el pago por cuentas ‘premium’. Por su parte, la industria del entretenimiento invierte millones en grupos de presión para proteger un negocio obsoleto, cuando tal vez debería centrar sus esfuerzos en abrir nuevas puertas y adaptarse a la nueva era de internet. La guerra continúa y el gran perjudicado va ser, como siempre, el usuario que, por el momento, no cuenta con una alternativa real al pirateo.

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2 respuestas a Que cierre el último

  1. Pirinea Lopez dijo:

    Un golpe de mano del FBI ha servido para cerrar un “banco mundial” de datos. Imagínense que por “presunta culpabilidad” cerraran un banco, si de esos que te guardan el dinero, por “presuntamente” guardar en sus cajas de seguridad numeradas objetos, dinero, etc, procedentes de actividades ilegales (narcotráfico, robos, etc). Un banco en Islas Caimán, Gibraltar o Suiza fuera cerrado para que el FBI (autoridad policial -no judicial- norteamericana) para averiguar el contenido guardado en sus cajas, cuentas etc. Sería increible, ¿verdad?

  2. Pirinea Lopez dijo:

    Sobre derechos de autor contra libertad de expresión. ¿Es lícito en nombre del lucro privado, o mejor dicho, por la pérdida de ingresos de las grandes productoras y distribuidoras (los artistas son otra cosa), exigir reducciones en la libertad de los individuos?. La crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, los altos precios de los productos audiovisuales (que nos ofrecen el oligopolio de las grandes distribuidoras), pesan tanto o más que la distribución privada de datos a la hora de la menor compra de productos. Pero esto (disminución de ingresos de las productoras y distribuidoras) no debe ser motivo para una reducción de las libertades individuales.

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